El Gobierno aumenta la presión para que los nuevos jueces paguen Ganancias

Reglamentará por decreto la ley aprobada en diciembre; busca que tributen los nuevos magistrados, fiscales y defensores, incluidos aquellos que provengan del Poder Judicial.

La ley rige desde diciembre del año pasado, pero los miembros del Poder Judicial aún no pagan el impuesto a las ganancias. Decidido a redoblar la presión sobre los jueces, el Gobierno elabora un decreto reglamentario que dispondrá que todos los nuevos jueces, fiscales o defensores -vengan o no de la Justicia- deberán pagar Ganancias.

Sin embargo, representantes de los jueces quieren acotar el impacto de la medida y dialogan con el Gobierno en el Consejo de la Magistratura para limitar el tributo de manera que no alcance a todo el salario, sino algunos rubros, dejando fuera la antigüedad o la compensación que cobran por no poder hacer otro trabajo más que juzgar.

No son cifras menores. Por ejemplo, el caso de la antigüedad equivale a un 1% del salario por año trabajado, y en el caso de la compensación alcanza al 25 % del salario.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , encargado de redactar el decreto reglamentario, considera que según la ley aprobada por el Congreso a fin del año pasado -la 27.346- sólo quedan exentos del gravamen aquellos miembros del Poder Judicial actualmente en funciones. Sostiene, en cambio, que están obligados a pagar el impuesto no sólo quienes ingresen en el Poder Judicial a partir de 2017, sino también aquellos empleados, funcionarios y magistrados que sean ascendidos o promovidos a jueces, fiscales o defensores oficiales mediante concursos, como también aquéllos que lleguen de la justicia provincial o de la Capital a la Nación y viceversa.

Desde esta perspectiva, por ejemplo, un secretario de juzgado ascendido a juez o un magistrado ascendido a camarista deberían tributar, según el deseo del Gobierno.

¿Qué dice la ley en cuestión? En su remozado artículo79 se establece que deberán pagar el impuesto a las ganancias “los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.

 

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