La Corte Suprema también votó por el cambio

Tres jueces decidieron aplicar la ley “del 2×1” aunque el beneficio fue derogado antes de que los represores fueran detenidos.

 

La Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como “2 x 1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. Uno de los argumentos centrales es que se debe tener en cuenta la ley penal más benigna. Pero el fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a los crímenes del Terrorismo de Estado, del cual los supremos venían dando algunos indicios en decisiones previas. Los organismos de derechos humanos y sus referentes hicieron sentir ayer mismo su rechazo a la sentencia que, anticipan, traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento. El Gobierno, en cambio, con el ademán de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le estaba dando la bienvenida.

El fallo tiene una mayoría justa, de tres votos. Así salen últimamente muchas sentencias supremas (la unanimidad es una rareza), aunque la composición del grupo que define hacia donde se inclina la balanza va cambiando. En esta ocasión lo integran los dos jueces nombrados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, más Elena Highton de Nolasco, quien en rigor también le debe su permanencia pos 75 años en el tribunal al Gobierno, que decidió no apelarla. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia, en un intento por sostener la misma línea de sus sentencias de los últimos años en casos de lesa humanidad.

En el caso de la jueza, lo más notable es que cambia su postura respecto de sentencias anteriores. En una decisión de 2009 donde se discutía la aplicación de la ley penal más benigna ante el delito permanente de apropiación de niños, el voto mayoritario que ella firmó argumentaba que una persona sufre el delito hasta que recupera su identidad, y la ley aplicable es la vigente al momento que eso sucede, pero no la ley penal más benigna. Lorenzetti también hizo alguna modificación en su fundamentación (cierta vez abonó aplicar la ley penal más benigna), pero no cambió el sentido de sus decisiones.

El represor que logró tener a la Corte de su lado es Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado “grupo Swat”, que operó en el Hospital Posadas. Era parte de la seguridad interna del establecimiento y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo Benito Bignone, quien era el delegado de la junta miliar en el área de “Bienestar Social”. Su intervención en el hospital Posadas consistió en el secuestro de 22 personas, de las cuales seis continúan desaparecidas. Muiña quedó detenido en octubre de 2007 y fue condenado a fines de 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas. Fue el propio tribunal Oral Federal 2 el que le computó la pena ya reducida. Luego la Sala IV de la Cámara de Casación lo revocó, y dijo que tenía que cumplir la pena. El condenado llegó en queja hasta la Corte. Desde el año pasado gozaba de libertad condicional.

El voto de la mayoría suprema sentencia que: “Las leyes penales intermedias, promulgadas después de la comisión del delito pero derogadas y reemplazadas por otra ley antes de dictarse una condena, se aplican retroactivamente cuando son más benignas y tendrán ultraactividad cuando son intermedias, siempre que fueran más benignas que las posteriores”. Agregan los supremos que “la solución más benigna debe aplicarse a todos los delitos, inclusive los de carácter permanente” Entonces recuerdan que la ley llamada del “2 x 1” (24.390) estuvo vigente desde 1994 hasta 2001, que es un lapso intermedio entre el delito y la condena, y señalan que no se planteó una distinción para los crímenes de lesa humanidad. También se aferran a un precedente, “Arce”, que especifica que no es determinante si el imputado estaba detenido o no cuando regía aquella norma.

Una simple mirada de la sentencia permite deducir también que los únicos que se podrán beneficiar de sus efectos y de la ley del “2 x 1” son los genocidas y los apropiadores de niños. Son contados los acusados de delitos comunes que podrían invocarla: quienes cometieron un delito antes de 2001, cuando fue derogada, ya se habrán beneficiado con ella o tendrán sentencia, o los delitos ya esta altura estarán prescriptos. Por esta razón algunos organismos planteaban que es falaz que la Corte Suprema esté aplicando la ley del mismo modo para todos, porque los beneficiarios principales sólo serán represores e involucrados en robo de hijos de desaparecidos. El costo será para las víctimas, y la sociedad en general, que ve dañado el proceso de memoria, verdad y justicia.

Un párrafo que causó especial irritación en quienes esperaron los juicios después de los treinta años de impunidad generados por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida es el que dice que “la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, lo que en este caso requiere decidir con absoluto apego a lo que está claramente ordenado por el art. 2° del Código Penal”, que ese el que se refiere a la ley penal más benigna y que, insiste la Corte, no admite excepciones. El voto de Rosatti hace una especie de mea culpa, ya que expresa un “dilema moral” por aplicar el “criterio de benignidad” a condenados por delitos de lesa humanidad. Pero insiste en que para los represores no hay un régimen diferenciado y se debe aplicar la ley con ecuanimidad.

 

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