La Legislatura provincial realizó su primera sesión ordinaria del año

Tomaron estado parlamentario 71 proyectos de ley, y se remitieron a archivo los expedientes correspondientes, según lo establece el Reglamento de la Cámara de Representantes. Antes de la sesión, los diputados designaron a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento: Orlando Franco y Hugo Escalada como titulares, y Roberto Chas Roubineau y Gustavo González como suplentes.

 

También se conformó la Sala Acusadora, con los diputados: Pietrwoski, Alarcón, Argüello, Cácerez, Chas Roubineau, Escobar, Flach, Giménez, Leyría, Novoa, Olivera, Petersen, Vogel, Pegoraro, Kreimer, Bárbaro, Bordón, González, Nilsson y Escalada.

La Comisión Investigadora de la Sala Acusadora quedó integrada por Chas Roubineau como presidente; Giménez como secretaria; Leyría, Pegoraro y Nilsson como vocales.

La Sala Juzgadora se integró con los legisladores: Velázquez, Báez, Daviña, Franco, Gauto, Lindemann, Nemeth, Pezoa, Ramirez, Rebollo, Rodríguez, Rovira, Rojas, Wipplinger, Duarte, Sereno, Molina, Ratier Berrondo, Schiavoni y Losada.

De acuerdo con el Plan de Labor, la Cámara de Representantes emitió sendas comunicaciones para que el Poder Ejecutivo provincial informe sobre la ejecución de obras en el parque provincial Salto Encantado; y para que arbitre los medios para la construcción de playones deportivos y plazas recreativas destinadas a las comunidades Mbyá Guaraní.

También, declaró su complaciencia por la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo realizada en Puerto Iguazú; por el título Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Misiones al médico Carlos Soratti; y por la certificación Municipios Saludables, otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación a los municipios de Apóstoles y Dos de Mayo.

Además los diputados aprobaron sobre tablas, de manera unánime, las iniciativas de los diputados Escobar, Losada, Duarte, Cácerez y Sereno, que fueron unificadas en una declaración que expresa el repudio contra el fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia en el que se aceptó la aplicación del cómputo de la pena conocido como “dos por uno” en condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica- militar.

 

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