Ley de compre nacional (2018), en Congreso y con clave electoral

Subirán las preferencias para bienes domésticos: 12% para PyMES. Con la presentación del proyecto, Mauricio Macri blinda al ministro de Producción, Francisco Cabrera, tras críticas por supuesta “ola” importadora y los errores estivales del plan Precios Transparentes.

 

Con el fin de calmar ansiedades opositoras y de empresarios que acusan -en muchos casos, sin sustento- la activación de una ola importadora, aunque también con objetivo electoral, el Gobierno llevó ayer al Congreso el proyecto de “compre argentino y desarrollo de proveedores” que, según Casa Rosada gatillará “una serie de acciones a favor de la industria nacional en el marco de las compras y contrataciones del Estado”.

Así, Mauricio Macri concreta el blindaje al ministro de Producción, Francisco Cabrera -tal como adelantó Ámbito Financiero en su edición del 24 de marzo pasado-, criticado durante el período estival por las fallas del programa Precios Transparentes, que derivó en una merma en la imagen del Gobierno.

El jueves 23 de ese mes, el presidente defendió a Cabrera en una reunión de coordinación política que realizó en su despacho junto a la trinidad que conforman el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sus vices, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y el titular de la Cámara de Diputados y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, entre otros.

Allí, el jefe de Estado escuchó el resumen de las múltiples conversaciones que mantuvo Cabrera con el empresariado doméstico, deseoso por el proyecto en cuestión. El ministro de Producción, con el guiño presidencial, aterrizó ese mediodía en el Salón Gris del Senado y, junto a Pinedo y al jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, el radical Ángel Rozas, dialogó sobre el tema con el titular de la bancada del FpV-PJ y delegado premium de los gobernadores justicialistas, el peronista Miguel Pichetto.

Con el proyecto en Diputados, el oficialismo deberá sortear el ánimo del serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Si bien su espacio adhiere al concepto de un nuevo compre nacional, el bloque mantiene la postura de no acompañar iniciativas del oficialismo sin “retocarlas” antes. El problema que surge acá es el recuerdo, aún fresco, del desmadre que generó la iniciativa Massa-Bossio-Donda-Kicillof sobre el Impuesto a las Ganancias, luego noqueada en el Senado por el PJ racional y los gobernadores.

La iniciativa establece, según consta en el texto enviado ayer a Diputados, un aumento de los márgenes actuales de preferencia para las ofertas de bienes de origen nacional: subirá hasta el 12% para pymes y llegará al 8% para el resto de las empresas. “Un bien de origen nacional es cuando ha sido producido o extraído” en territorio argentino “y “siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no superen el 50% de su valor bruto de producción”, aclara el artículo cuatro.

Además, el proyecto contempla -lo explica el Ejecutivo en los argumentos- “para el caso de contrataciones de bienes no nacionales, la obligatoriedad de celebrar acuerdos de cooperación productiva son los proveedores extranjeros como nueva herramienta de política, utilizada a nivel internacional, para promover la integración de proveedores locales y generar mecanismos de transferencia tecnológica en el entramado productivo”.

De esa manera, “se exigirán acuerdos de cooperación por un porcentaje no inferior al 20% del valor de la oferta para la adquisición de bienes superiores a 240.000 módulos” (de $1.000, cifra que podrá ser modificada por la autoridad de aplicación), y esos entendimientos “deberán involucrar subcontratación de producción nacional y, en casos particulares, se habilita la posibilidad de incorporar transferencia tecnológica, licencias de producción, radicación de inversiones extranjeras directas e inversiones en investigación y desarrollo”.

Por otra parte, la iniciativa incluye apercibimientos, multas “de entre el cinco y el 50% del monto del contrato”, e incluso la “suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos, concesiones, permisos o licencias, por un plazo de tres a 10 años”. Las provincias miran de reojo este nuevo proyecto, al cual podrían pegarse si las legislaturas locales activan la adhesión a la ley nacional. Detalla: si se tiene en cuenta que el debate parlamentario aún no se inició, que el Ejecutivo puede reglamentar este nuevo sistema “dentro del término de 90 días de su promulgación”, y que la ley “comenzará a regir a los 90 días de su publicación”, el compre nacional recién entraría en acción en 2018.

 

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